El SJM publica la actualización de cifras de su informe Territorio Hostil

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) acaba de publicar el anexo de cifras oficiales de su informe anual ‘Territorio Hostil’ sobre CIE del año 2021, dado que el Ministerio de Interior ha entregado de nuevo las cifras requeridas fuera del plazo estipulado (con más de seis meses de retraso), de forma parcial y solo tras varias reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El número de internamientos, así como de repatriaciones ejecutadas desde CIE, sigue disminuyendo año tras año. La explicación principal del descenso de personas internadas se encuentra en el impacto de la covid-19, con limitación de plazas por prevención de contagios, cierre de fronteras e imposibilidad de readmisión de repatriaciones. Por otro lado, del total de salidas desde CIE en 2021, apenas el 48% fueron finalmente repatriaciones forzosas a países de origen, un porcentaje inferior al de 2020 (56%), 2019 (cerca del 60%) o 2018 (56%).

El resto de personas no fueron finalmente repatriadas por diferentes motivos, lo que revela numerosas circunstancias de vulnerabilidad (menores, víctimas de violencia, solicitantes de asilo…) que deberían haber impedido su ingreso. La medida cautelar de internamiento supone una decisión injusta, ineficaz y desproporcionada. Si se tiene en cuenta una perspectiva amplia de la realidad migratoria en España, se aprecia que el sufrimiento infligido en los CIE es perfectamente prescindible: 927 personas fueron repatriadas de manera forzosa desde estos centros. Esta cifra supone el 26% del total de repatriaciones ejecutadas en 2021 y es insignificante al lado del total de 41.945 entradas de forma irregular a territorio en todo el año.

El 71% de internamientos se debe a procesos de devolución, la mayoría por entrada de forma irregular por patera. Llama la atención, sin embargo, que solo el 17% de las personas con esta casuística sea efectivamente repatriada, lo que revela la injusticia de la arbitrariedad del internamiento y la imposibilidad de cumplir la ley tal y como está redactada. Por otro lado, la mayoría de personas internadas con una orden de expulsión lo es por mera estancia irregular .Esta circunstancia es especialmente preocupante: debemos poner el foco en muchas de estas personas con un fuerte arraigo en España, que llevan varios años residiendo en el país, cuyo proceso vital de integración queda radicalmente cercenado por el internamiento y la expulsión. Lejos de proteger a personas vulnerables, continúa el internamiento de aquellas que no deberían verse sometidas a dicha medida de privación de libertad, como menores de edad o aquellas con perfiles de protección internacional.

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