Ante el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona

"En el barrio de Sant Roc de Badalona, se sintió y se vivió el dolor de las personas migrantes, fruto de la pobreza y, sobre todo, de una política desvinculada del servicio a las personas más vulnerables". Con estas palabras comienza el comunicado que han hecho público las entidades de nuestro sector social en Cataluña, ante el desalojo, el pasado miércoles 17 de diciembre, de unas 400 personas del antiguo instituto B9 de Badalona, sin ninguna alternativa habitacional real ni un plan de realojo digno. 

Un desalojo que pone de relieve, para estas organizaciones, la precariedad habitacional, la pobreza, el racismo y la desigualdad de clases, introduciendo discursos de odio y creando una sociedad cada vez más polarizada. En su comunicado señalan que "después de muchas semanas de incertidumbre, miedo y sentencias, se impusieron la aporofobia y el discurso que deshumaniza a las personas en situación de vulnerabilidad y que las deja sin ningún tipo de respuesta por parte de la administración pública".

Ante ello, las entidades sociales apuestan por un sistema que garantice el acceso a derechos básicos, respete la dignidad de las personas, sea cual sea su situación administrativa, y trabaje por la cultura de la hospitalidad y ofrezca espacios comunitarios y de convivencia donde crear vínculos para construir una sociedad más justa.

Las peticiones que dirigen a las instituciones públicas pasan por medidas para dar respuesta a la situación generada por el desalojo del B9 de Badalona, como la activación urgente de medidas de realojo y de acceso a una vivienda social digna, la reapertura del albergue de Can Bofí Vell, recuperando su función como recurso estable de acogida y garantizando su continuidad, la puesta en marcha inmediata de una Operación Invierno completa y sostenida, y el impulso de un sistema de acogida integral y coordinado, con la reincorporación del Ayuntamiento a la Taula Sense Llar y el trabajo conjunto con las entidades sociales para planificar respuestas estructurales, especialmente para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, también en situación administrativa irregular. 

Además reclaman culminar la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, que todavía se encuentra en proceso de tramitación en el Parlamento de Cataluña, así como el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las personas migradas, incluido el derecho a migrar, y la flexibilización de los procesos de regularización para que no se conviertan en un muro de exclusión en el acceso a la vivienda, el trabajo y una vida digna.

Y, para que esta transformación se convierta en realidad, las entidades que forman parte del sector social de la Compañía de Jesús en Cataluña, como muchas otras entidades de la sociedad civil, siguen trabajando para que exista, lo antes posible, una voluntad política explícita y los recursos necesarios dirigidos a las personas más vulnerables de nuestras ciudades, barrios y pueblos. En su comunicado reafirman el compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes y vulnerables, haciendo un llamamiento a la solidaridad, a la responsabilidad institucional y a una respuesta humana inmediata.

El sector social de los Jesuitas en Cataluña está formado por cinco entidades. Dos de ellas, el Centre Sant Jaume y la Fundació Salut Alta, lo hacen en la ciudad de Badalona.

El comunicado íntegro se puede leer aquí.