Por la verdad y la justicia
Esta semana ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador en 1989, el caso de los mártires de la UCA. El proceso es el resultado del empeño de algunos familiares de los compañeros jesuitas asesinados, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y al Center for Justice & Accountability de Estados Unidos. El provincial de España, Antonio España SJ, saludaba el lunes el inicio de este juicio, señalando que aunque «hubiera sido preferible que el juicio se celebrara en El Salvador», ante la imposibilidad de que eso suceda, es positivo que tenga lugar en España. La propia Compañía de Jesús en Centroamérica espera que la Justicia universal «contribuya a que funcione el sistema de justicia salvadoreño».
La primera sesión, el lunes, sirvió para exonerar de responsabilidad criminal al teniente René Yusshy Mendoza, uno de los miembros del batallón que perpetró el crimen, por la prescripción del delito del que se le acusaba. Lo pedía su defensa, y lo respaldaban las acusaciones. Mendoza es uno de los dos únicos condenados por el caso en El Salvador antes de la ley de amnistía, ha mostrado su arrepentimiento y ha colaborado en la causa. Pasará así de acusado a testigo, lo que puede resultar determinante para el juicio: en su nueva condición, Mendoza no tiene que defenderse, y como mero testigo está obligado a decir la verdad. Se le tomará declaración además en España, tras mostrarse dispuesto a viajar (el lunes lo hizo desde Chile, en una videoconferencia con problemas técnicos). Su declaración se escuchará el 8 de julio.
En la segunda sesión, el miércoles, llegó la esperada declaración del excoronel Inocencio Orlando Montano. Lo hizo durante apenas una hora y respondiendo solo a las preguntas de su abogado. Si la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús había animado a Montano a «aprovechar esta gran oportunidad» para contribuir al esclarecimiento de la verdad «dando a conocer todo lo que sabe sobre dicho crimen», no tardó en quedar claro que no será así. Montano negó las acusaciones que se le imputan. Recordó que en 1989 ejercía de viceministro de Seguridad Publica, cargo que ponía a sus órdenes a los cuerpos policiales, pero no a los militares; sus funciones eran «meramente administrativas». Reconoció que en los días previos a la matanza habían llegado informaciones de que los rebeldes almacenaban armas en la UCA y que por ello enviaron al batallón Atlácatl a practicar los registros en la universidad —esos registros, en los que no se hallaron armas, fueron el preludio del crimen—, pero «militarmente no hubo nunca pretensiones de hacerle daño a él [Ellacuría], a la Iglesia o a la universidad». El día de los hechos tomó parte en una reunión el presidente Cristiani, en la que los miembros del Alto Mando y los comandantes de las fuerzas de seguridad informaron sobre la gravedad de la ofensiva de la guerrilla, pero se señaló la inconveniencia de usar fuerza indiscriminada sobre la población civil. Tampoco intentó nunca encubrir a los autores. De hecho, Montano aseguró que él siempre pensó que el crimen había sido cometido por los rebeldes y no los militares.
La Fiscalía sostiene por el contrario que la decisión de acabar con Ellacuría y el resto de los jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite al que Montano pertenecía, y solicita para él 150 años de cárcel por participar en «la decisión, diseño o ejecución» de esos cinco asesinatos —el juicio solo se refiere a los cinco españoles muertos en la masacre—.
Por último, el jueves tuvo lugar la declaración de los primeros testigos. Declararon los miembros de dos delegaciones que el Congreso de los Diputados de España envió a El Salvador en noviembre de 1990 y septiembre de 1991. Describieron las deficiencias de aquel juicio, en el que se condenó a dos mandos intermedios —uno de ellos el ahora testigo René Yusshy Mendoza—, y afirmaron que existía una convicción general de que los auténticos responsables de la masacre quedaban protegidos por «un pacto de silencio en el Ejército».
La próxima sesión será el 8 de julio, comenzando con la declaración de René Yusshy Mendoza a las 10:00 . El proceso en la Audiencia Nacional, que está previsto concluya el 16 de julio, es una nueva ocasión para rememorar aquel episodio que marcó a toda una generación. Sus víctimas son recordadas hoy, más de tres décadas después, como ejemplo de compromiso y sacrificio por la justicia. En los medios de comunicación hemos podido escuchar testimonios de diversos jesuitas estos días, como Pedro Armada, Ildefonso Camacho o José Ellacuría, entre otros.