Se consolida la visión de los CIE como fronteras

 El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado esta mañana en el Senado su Informe Anual 2017 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el título de Sufrimiento Inútil: Los nuevos lazaretos. En próximos días se replicarán actos similares en distintas ciudades de España. Es el octavo año consecutivo que se presenta, una constancia que ha sido valorada muy positivamente durante la presentación. El informe incide en que se consolida la lógica del CIE-Frontera como medida de freno a la inmigración irregular y que se concreta en el internamiento y repatriaciones rápidas sin tiempo para identificar perfiles de personas vulnerables o con necesidad de protección.

En 2017, un total de 8.814 personas fueron internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros y sometidas a un sufrimiento inútil, entre ellas 396 mujeres y 48 menores. Durante este año se ha consolidado una dinámica de los CIE-Frontera, como herramientas al servicio de la lucha contra la inmigración irregular. El 86% de las personas internadas tenían abierto un expediente de devolución. Así, podemos decir que los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de personas vulnerables y necesidades de protección.

A lo largo del año pasado, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular. Se iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, de las que, en total, se repatriaron a 9.326 personas, 4.107 (el 44%) directamente desde los CIE. Llama la atención el incremento de las repatriaciones por vías rápidas y menos garantistas de personas recién llegadas, indicando que España acoge a quienes llegan a sus costas con la detención, el internamiento y la rápida repatriación.

En cuanto a las personas internadas en los CIE, cabe señalar que el CIE es africano: argelinos (31%), marroquíes (18%), y costa marfileños (13,78%), sin olvidar que otro 21% corresponde al conjunto de Guinea, Gambia, Camerún, Mali, Guinea-Bissau y Burkina Faso. Llama la atención la alta incidencia de internamiento y repatriación de argelinos y marroquíes, especialmente en un contexto de aumento de los refugiados rifeños y tamazight provenientes del Magreb. En este sentido, el autor del informe aclaró que este incremento se debe a que los argelinos y marroquíes son fácilmente identificables y por tanto más fácil de ser devueltos.

El informe hace hincapié en los lamentables sucesos de Archidona que se saldaron con el suicidio de uno de los internos y el desmantelamiento de la cárcel empleada, en fraude de ley, como macro CIE. El capítulo de Archidona ahonda en la intencionalidad del gobierno de profundizar en las dinámicas de los CIE de frontera y en la política de control de la migración magrebí. Este tipo de macro centros de internamiento, dificultan el acceso a derechos, las labores de identificación y eventual protección y establecimiento de condiciones dignas de acogida, marcando un camino a no tomar.

Por otro lado, se reconoce la intensa labor de los Jueces de Control y del Defensor del Pueblo para garantizar el acceso y el papel de las ONG dentro del CIE, promover una mejora en las condiciones de internamiento, garantes de la dignidad y los derechos básicos de las personas, y tratar de limitar el uso indiscriminado del internamiento.

En este marco, el SJM reivindica el rol fundamental de las organizaciones sociales en la prevención y protección ante las violaciones de Derechos Humanos, generando una reflexión crítica sobre el internamiento de extranjeros. En 2017 el SJM visitó 674 personas de 42 nacionalidades, identificando y acompañando personas vulnerables y desprotegidas.

El SJM señala que es imprescindible que el CIE deje de emplearse como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular, y denuncia que su eficacia está más orientada a lanzar un mensaje de incremento de seguridad y control a la población española, dejando en el camino a miles de personas sometidas a un sufrimiento inútil. Las respuestas no han de pasar por los CIE sino por la articulación de alternativas a la detención para las personas recién llegadas, en centros de primera acogida dignos, por la apertura de vías legales que permitan a las personas entrar regularmente en el territorio y posibilitar una estancia segura que abra puertas a la inclusión. Mª Carmen de la Fuente, vicepresidenta de SJM, señalaba en este sentido: "Creemos que una política migratoria distinta evita el sufrimiento inútil. Abrir alternativas: centros de acogida, de régimen abierto, con mayor protección e identificación de casos de vulnerabilidad. Seguimos pidiendo cierre de los CIE".

El director del SJR-Europa, José Ignacio García Jiménez SJ apuntaba un panorama desolador para los migrantes y refugiados que lleguen o permanezcan en Europa en los próximos años, debido a la creciente hostilidad hacia ellos de los gobiernos, algunos como el recientemente elegido en Italia. García Jiménez constató que “la reforma de Dublín está técnicamente empantanada” y que el “esfuerzo se ha puesto en el reparto equitativo de la ‘carga’, como lo llaman, de demandantes”, tomando como primacía el tema del retorno.

Las abogadas de Pueblos Unidos, Ana Bosch y Marta Sánchez-Bringas han especificado el perfil del interno medio -varón jóven de entre 28 y 30 años del continente africano-, han denunciado la existencia de enfermos mentales y físicos, víctimas de trata y menores de edad en los CIE y han relatado casos de vulneración de derechos. También han leído los testimonios desesperanzados de varios internos.  

Ante la petición de los periodistas sobre qué pedirían al nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el autor, Josep Buades, lo ha concretado en: “Le diría que se forme una imagen completa de la dinámica del internamiento; de las personas recién llegadas, de ese porcentaje de personas que luego no pueden ser devueltas y que esté muy atento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de los Jueces de Control”. También se le pidió en el acto una mayor atención a la situación socio-sanitaria de los CIE.

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