Publicado: Domingo, 12 Julio 2020

Caso UCA: El crimen y su encubrimiento

Esta pasada semana se ha reanudado en la Audiencia Nacional el juicio por el caso de los mártires de la UCA. En tres sesiones, se han escuchado diversas declaraciones que permiten rememorar los terribles hechos de aquel 16 de noviembre de 1989, y señalar a sus autores intelectuales, así como a sus cómplices.

El miércoles, 8 de julio, se recabó un testimonio clave en todo el proceso: el del exteniente Rene Yushy Mendoza, que acompañó al batallón Atlacatl la noche del crimen. Recordemos que Yushy Mendoza, que ha venido colaborando con la justicia en los últimos años, pasó de acusado a testigo al inicio de este juicio. En su comparecencia, señaló al acusado en este juicio, el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano, como uno de los militares que dio la orden de asesinar a los jesuitas de la UCA. Según su testimonio, el 15 de noviembre de 1989, la noche previa al crimen, el coronel Guillermo Benavides reunió a todos los oficiales de la Escuela Militar y les informó de que había recibido la orden de asesinar a Ellacuría. El encargo se realizó en una reunión del Estado Mayor, en la que participó, el acusado Inocente Montano. La decisión era "eliminar a todos los cabecillas guerrilleros o sindicalistas", entre los que se incluyó expresamente a Ellacuría, porque “había una percepción” de que simpatizaba con la guerrilla. Benavides también les dijo que el presidente de la República, Alfredo Cristiani, iba a ser informado antes del crimen: "Si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado".

En una reunión posterior, Benavides recibió la orden de utilizar el Batallón Atlacatl para «eliminar a Ellacuría sin dejar testigos». Fue además el acusado Inocencio Montano quien informó a Benavides de que Ellacuría se encontraba de regreso en la UCA tras un viaje al extranjero. En su testimonio, Yushy Mendoza también relató los hechos de la noche del crimen, dando detalles sobre el operativo y su desarrollo, así como sobre las medidas que se tomaron después en el Batallón Atlacatl para esconder la autoría: cambio de los cañones de todos los fusiles y destrucción de los registros de entradas y salidas de la Escuela Militar.

El miércoles también declararon dos fiscales a cargo de la investigación y juicio que se hizo en El Salvador en 1991. Álvaro Henry Blanco Solórzano y Edward Sídney Campos Reyes relataron las irregularidades procesales que se cometieron, y las dificultades y presiones que sufrieron tanto por parte de autoridades salvadoreñas como de la embajada norteamericana. Según Blanco: “hubo una confabulación estatal por parte de sus agentes para asegurar el ocultamiento de la verdad”. Los exfiscales manifestaron que durante aquel proceso recaudaron y produjeron pruebas evidentes de que los miembros del Alto Mando, incluyendo al acusado Montano, estaban directamente involucrados en el asesinato.

Finalmente, ese mismo día declararon también los dos únicos testigos del crimen: Lucía Barreda —que fue durante años empleada doméstica de la residencia de los jesuitas en la UCA— y su marido Jorge Cerna. Ambos estaban durmiendo junto a su hija de cuatro años en la UCA cuando les despertaron los "disparos, ruidos y gritos". Pudieron ver a los soldados y alcanzaron a escuchar como el "padre Nachito" (Ignació Martín Baró) espetaba a sus asesinos "Son una carroña, esto es una injusticia".

El matrimonio y su hija fueron protegidos por las embajadas española y francesa, y trasladados a los pocos días a Estados Unidos donde nada más llegar fueron retenidos durante cuatro días, aislados en un hotel y maltratados por agentes del FBI y un militar salvadoreño: "Querían que dijéramos que no habíamos estado en la UCA".

Al día siguiente, jueves 9 de julio, continuó el juicio con nuevos testimonios: Antonio Rubio Campaña, periodista del diario El Mundo que ha investigado el caso, se refirió a evidencias documentales del caso (en particular a un diario escrito por Benavides en prisión). José Benjamín Cuéllar Martínez, quien fue director durante varios años del Instituto de Derechos Humanos de la UCA —al cargo de la investigación que concluyó en una querella (archivada) en el año 2000— aseguró que múltiples fuentes acreditaron la presencia de Montano en la reunión del 15 de noviembre de 1989 en la que se decidió y transmitió la orden de matar a Ellacuría. Jorge Galán, escritor de la novela Noviembre que narra lo sucedido, corroboró la información que obtuvo de las entrevistas para ese libro. En particular, declaró que el presidente Cristiani le reconoció que en el juicio que hubo en El Salvador en 1991 no pudo juzgarse a los autores intelectuales de la masacre.

José María Tojeira SJ, ex rector de la UCA, recordó los ataques constantes contra los jesuitas durante las semanas previas al crimen en medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas, y explicó las pruebas que señalaban desde un principio a las fuerzas armadas. También desmontó el trabajo de la Comisión de Honor, creada por el presidente Cristiani para hacer una investigación interna de las Fuerzas Armadas, asegurando que sólo sirvió para encubrir a los verdaderos autores. Tojeira terminó su intervención recalcando que “nosotros perdonamos a los asesinos desde el primer momento, pero es indispensable que se conozca la verdad para que no se repita”.

El juicio prosiguió el viernes 10 de julio. Luis Alberto Parada Fuentes, que en el momento de los hechos era teniente del ejército salvadoreño y oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia dijo que el «encubrimiento institucional al más alto nivel» del caso empezó desde el mismo momento de la matanza. La mañana del 16 de noviembre, Parada fue convocado a una reunión de oficiales en la que se dijo que «A Ellacuría le mataron por resistirse al arresto» y que «ya comenzaron a pasar cosas». Cuando después Parada escuchó como la radio oficial del Estado responsabilizaba de la masacre al FMLN, «no podía creer que ya había un plan de encubrimiento».

También declaró Douglas Cassel, que participó en la Comisión de la Verdad de la ONU. Encontraron «pruebas tan abrumadoras y contundentes» de los intentos del Ejército por encubrir los asesinatos que «no había manera de refutarlo de ninguna manera». Y, por último, declaró la perito Katherine Doyle, documentalista y especialista en documentos desclasificados por las agencias gubernamentales de los EEUU, asegurando que la CIA conocía los planes de los militares. 

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