Visto para sentencia
Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio contra Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública salvadoreño, acusado del ser uno de los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas y dos empleadas en la UCA en 1989 (ver resúmenes I y II del juicio)
En la sesión del lunes declararon dos personas. En primer lugar, a petición de las acusaciones, la catedrática en ciencias políticas y directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en EEUU, Terry Lynn Karl. Basándose en numerosos documentos desclasificados y entrevistas realizadas, Karl concluyó que en el ejército salvadoreño regía un «código de silencio» para cubrir las violaciones de derechos humanos. Montano formaba parte del núcleo que concentraba el poder de facto dentro de las fuerzas armadas, donde se tomaban las decisiones importantes por consenso.
Ese mismo día declaró, como parte de la defensa, Mauricio Ernesto Vargas, general retirado de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y miembro de la Tandona, que respaldó la versión del acusado, afirmando que las tareas del viceministro eran puramente administrativas y de asesoría técnica.
El martes declaró Oscar Alfredo Santamaría, ex ministro del gobierno del presidente Cristiani y miembro de la comisión que redactó la Ley de Amnistía General. Reiteró, a preguntas de la defensa, que las Fuerzas Armadas buscaron siempre una solución pacífica al conflicto. La acusación pediría después al tribunal que deduzca falso testimonio a Santamaría por otra cuestión: Santamaría negó que hubiera hecho gestiones en España para presionar contra el proceso judicial. En la sesión del martes se leyeron además diversos testimonios de testigos fallecidos acreditando el contexto de hostilidad hacia los jesuitas y la convicción de que la orden de asesinarlos vino de la cúpula militar.
La última sesión del juicio se celebró el miércoles 15 de julio. Primeramente, se expusieron los informes por parte de las acusaciones y la defensa. Los primeros hablaron de «pacto para la matanza», «terrorismo de estado» y «crimen de guerra», y pidieron 150 años de prisión; los segundos, de «falta de pruebas» y «afirmaciones no sustentadas en documentos o en documentos que dicen lo contrario», y pidieron la absolución y, en caso de que haya condena, la aplicación de eximentes de «estado de necesidad», «fuerza irresistible» y «miedo insuperable».
Por último, el acusado, Inocente Orlando Montano, desoyendo a su abogado, hizo uso de la última palabra. Juró «ante el tribunal y ante Dios» que no mentía y qué él no participó en ninguna reunión donde se ordenara cometer el crimen. Resumió en una frase su versión de los hechos: «no hubo un plan preconcebido, fue un error de los soldados»
El juicio queda visto para sentencia y para la historia. Montano es el único presunto autor intelectual de la masacre de la UCA que ha podido ser juzgado en España en virtud del principio de Justicia Universal. A la espera de lo que diga la sentencia —que puede llegar en semanas—, la vista pública ha sacado a relucir testimonios, documentos desclasificados, y el trabajo ingente de investigadores y peritos, con el impulso incansable de familiares y organizaciones de derechos humanos, que señalan una verdad cuya sanción judicial puede contribuir a sanar las heridas de un conflicto que dejó 80.000 víctimas en la década de 1980 en El Salvador.